La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó el martes la nueva Ley reguladora del Juego, con lo que por primera vez se permitirá en España que los clubes de fútbol cobren dinero por las apuestas deportivas 'on-line'. Aunque su entrada en vigor, previsiblemente para verano, depende ahora del Senado, un Real Decreto con sello de urgencia determinará el porcentaje de retorno sobre lo recaudado por esas apuestas deportivas e hípicas.
Este texto regula por primera vez, además de las modalidades de juego tradicionales como el bingo o el casino, los nuevos tipos de apuestas que se pueden realizar a través de Internet o del móvil, que carecen de un marco regulador y se encuentran en situación de "alegalidad".
La nueva normativa permite que, por primera vez en España, los equipos de fútbol podrán cobrar por las apuestas deportivas. En concreto, se incluye en la ley una nueva disposición final en la que se regula la distribución de la recaudación y los premios de las apuestas deportivas del Estado. De esta forma, en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor, el Gobierno deberá aprobar un real decreto en el que se regulen los porcentajes y el régimen de participación y distribución del retorno de la recaudación de las apuestas deportivas que, el Consejo Superior de Deportes (CSD) u organismo competente, deberá transmitir a las entidades organizadoras de las competiciones deportivas vinculadas, señalando los fines y demás obligaciones.
Periodo de transición
El Congreso ha incorporado un centenar de enmiendas, muchas de ellas pactadas por todos los grupos; entre éstas destaca el establecimiento de un periodo transitorio para que las empresas puedan regular su situación y sus actividades de patrocinio y de publicidad en los medios de comunicación.
Además, entre los cambios que se han introducido figura la obligación de las empresas que utilicen Internet para ofrecer sus juegos de apuestas de utilizar un dominio español, para reforzar así la supervisión y el control de las autoridades nacionales.
La ley establecerá nuevos mecanismos de regulación y de ordenación del sector para reforzar la seguridad jurídica de los operadores y de los consumidores de los diferentes juegos, además de para proteger a los menores de edad, a las personas que están incapacitadas legalmente para jugar, y a las que han pedido voluntariamente que no se les deje acceder al juego para prevenir situaciones de ludopatía.
Comisión del Juego
Una de las novedades que introduce la ley y más discrepancia ha generado entre los grupos parlamentarios ha sido la creación la Comisión Nacional del Juego (CNJ). Se trata de un organismo regulador que velará por el adecuado funcionamiento del sector y cuya composición se ha modificado en el trámite parlamentario elevando de cinco a siete el número de miembros de su cúpula directiva, para su adecuación con la Ley de Economía Sostenible (LES), que dicta que los organismos reguladores en España deben contar con esta cúpula directiva.
Así, serán parte del Consejo el presidente de la Comisión, que también lo será del Consejo, y otros seis consejeros; y no cuatro como decidió en un primer momento el texto del Gobierno.
Nuevo régimen fiscal
La Ley crea, además, un régimen fiscal específico para las actividades objeto de regulación de esta ley, que gravará la autorización, celebración y organización de las diferentes actividades de juego, que puedan explotar los operadores habilitados, con la excepción de la actividad de juego de las loterías, que no estará sujeto al nuevo 'Impuesto sobre Actividades de Juego'.
Para ello, se crea el 'Consejo de Políticas de Juego', órgano colegiado que asegurará la participación de las autonomías en materias como la normativa de los juegos, licencias y sistemas técnicos de control de operadores.
Este texto regula por primera vez, además de las modalidades de juego tradicionales como el bingo o el casino, los nuevos tipos de apuestas que se pueden realizar a través de Internet o del móvil, que carecen de un marco regulador y se encuentran en situación de "alegalidad".
La nueva normativa permite que, por primera vez en España, los equipos de fútbol podrán cobrar por las apuestas deportivas. En concreto, se incluye en la ley una nueva disposición final en la que se regula la distribución de la recaudación y los premios de las apuestas deportivas del Estado. De esta forma, en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor, el Gobierno deberá aprobar un real decreto en el que se regulen los porcentajes y el régimen de participación y distribución del retorno de la recaudación de las apuestas deportivas que, el Consejo Superior de Deportes (CSD) u organismo competente, deberá transmitir a las entidades organizadoras de las competiciones deportivas vinculadas, señalando los fines y demás obligaciones.
Periodo de transición
El Congreso ha incorporado un centenar de enmiendas, muchas de ellas pactadas por todos los grupos; entre éstas destaca el establecimiento de un periodo transitorio para que las empresas puedan regular su situación y sus actividades de patrocinio y de publicidad en los medios de comunicación.
Además, entre los cambios que se han introducido figura la obligación de las empresas que utilicen Internet para ofrecer sus juegos de apuestas de utilizar un dominio español, para reforzar así la supervisión y el control de las autoridades nacionales.
La ley establecerá nuevos mecanismos de regulación y de ordenación del sector para reforzar la seguridad jurídica de los operadores y de los consumidores de los diferentes juegos, además de para proteger a los menores de edad, a las personas que están incapacitadas legalmente para jugar, y a las que han pedido voluntariamente que no se les deje acceder al juego para prevenir situaciones de ludopatía.
Comisión del Juego
Una de las novedades que introduce la ley y más discrepancia ha generado entre los grupos parlamentarios ha sido la creación la Comisión Nacional del Juego (CNJ). Se trata de un organismo regulador que velará por el adecuado funcionamiento del sector y cuya composición se ha modificado en el trámite parlamentario elevando de cinco a siete el número de miembros de su cúpula directiva, para su adecuación con la Ley de Economía Sostenible (LES), que dicta que los organismos reguladores en España deben contar con esta cúpula directiva.
Así, serán parte del Consejo el presidente de la Comisión, que también lo será del Consejo, y otros seis consejeros; y no cuatro como decidió en un primer momento el texto del Gobierno.
Nuevo régimen fiscal
La Ley crea, además, un régimen fiscal específico para las actividades objeto de regulación de esta ley, que gravará la autorización, celebración y organización de las diferentes actividades de juego, que puedan explotar los operadores habilitados, con la excepción de la actividad de juego de las loterías, que no estará sujeto al nuevo 'Impuesto sobre Actividades de Juego'.
Para ello, se crea el 'Consejo de Políticas de Juego', órgano colegiado que asegurará la participación de las autonomías en materias como la normativa de los juegos, licencias y sistemas técnicos de control de operadores.
El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Luis Rubiales, declaraba hace un mes acerca de esta ley que el retorno económico de las apuestas deportivas repercuta en los trabajadores del deporte, que son "actores principales", y denunció que los salarios de los futbolistas "sigan desprotegidos".
Rubiales compareció en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso que tramita el proyecto de ley del juego y reclamó que la AFE "sea reconocido al mismo nivel que una institución privada que representa a los clubes".
"Somos actores principales. No podemos serlo únicamente para las obligaciones y no para los derechos. Queremos que esto se regule por una orden ministerial que haga inviable que una institución privada decida sobre los fondos que vienen del fútbol, pero que son estatales", dijo.
Rubiales, que recordó que la AFE "es el sindicato número uno a nivel mundial con casi 7.000 afiliados", trasladó a los diputados su "felicidad" por "la sensibilidad de todos los grupos" ante sus planteamientos.
"Me congratulo de que se entienda nuestra postura. Si todos vemos coherente lo que pedimos será más fácil poder llegar a acuerdos. Nuestra propuesta va encaminada a que todos los que trabajan del deporte tengan sus coberturas salariales antes de que este dinero se dedique a otros menesteres que creemos no son prioritarios", añadió.
"Entendemos que hoy damos un primer paso para consolidarnos como agente, no podemos cerrar ni decir yo quiero un porcentaje hasta que se nos incluya dentro del reparto como un agente más y ese será el siguiente paso", indicó al ser cuestionado por la cantidad de dinero de las quinielas que debe retornar al deporte.
Rubiales compareció en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso que tramita el proyecto de ley del juego y reclamó que la AFE "sea reconocido al mismo nivel que una institución privada que representa a los clubes".
"Somos actores principales. No podemos serlo únicamente para las obligaciones y no para los derechos. Queremos que esto se regule por una orden ministerial que haga inviable que una institución privada decida sobre los fondos que vienen del fútbol, pero que son estatales", dijo.
Rubiales, que recordó que la AFE "es el sindicato número uno a nivel mundial con casi 7.000 afiliados", trasladó a los diputados su "felicidad" por "la sensibilidad de todos los grupos" ante sus planteamientos.
"Me congratulo de que se entienda nuestra postura. Si todos vemos coherente lo que pedimos será más fácil poder llegar a acuerdos. Nuestra propuesta va encaminada a que todos los que trabajan del deporte tengan sus coberturas salariales antes de que este dinero se dedique a otros menesteres que creemos no son prioritarios", añadió.
"Entendemos que hoy damos un primer paso para consolidarnos como agente, no podemos cerrar ni decir yo quiero un porcentaje hasta que se nos incluya dentro del reparto como un agente más y ese será el siguiente paso", indicó al ser cuestionado por la cantidad de dinero de las quinielas que debe retornar al deporte.
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